En Kódigo Malva impulsamos esta campaña con motivo del 8 de marzo (8M), Día Internacional de las Mujeres, como una propuesta de sensibilización social con perspectiva feminista, estructural e interseccional.
No entendemos el 8M como una fecha simbólica aislada, sino como una oportunidad para generar conciencia crítica y fortalecer el compromiso colectivo con la igualdad real. En un contexto marcado por el aumento de la polarización social, la normalización de la desinformación, el deterioro de los servicios públicos esenciales y el incremento de la precariedad con claro impacto de género, consideramos necesario promover espacios de reflexión compartida.
La campaña aborda problemáticas sociales actuales que afectan a toda la sociedad y, de forma específica, a mujeres y colectivos históricamente vulnerabilizados. A través de preguntas directas en el espacio público —en formato de pegatinas— acompañadas de códigos QR que amplían la información, proponemos una intervención comunicativa que fomente el pensamiento crítico y la conciencia social.
Nuestra intención no es imponer un discurso cerrado, sino abrir espacios de pensamiento y conversación que contribuyan a una comprensión más profunda de las desigualdades estructurales y a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
Los ejes principales abordan:
- La desinformación como herramienta que refuerza el racismo, el antifeminismo y la LGTBIQ+fobia.
- Las carencias de una justicia aún atravesada por sesgos patriarcales y las dificultades reales de acceso igualitario.
- El impacto de la crisis de vivienda y la turistificación en mujeres y colectivos vulnerables.
- El deterioro de la sanidad y la educación públicas, con especial carga sobre las mujeres como principales usuarias y cuidadoras.
- El empobrecimiento en la vejez, especialmente femenino, fruto de trayectorias laborales precarizadas y cuidados no reconocidos.
- El avance de discursos autoritarios y excluyentes que amenazan la convivencia democrática.
- La defensa del derecho internacional, la paz y la solidaridad frente a las invasiones y la violencia militar.
Defendemos una sociedad donde la igualdad, los cuidados y la justicia social no sean consignas, sino prácticas cotidianas sostenidas por políticas públicas y por una ciudadanía activa e informada.
Porque la igualdad no es una amenaza: es la base de una democracia real.
Este 8M, más conciencia. Más cuestionamiento. Más feminismos.
- Frente a los bulos y la desinformación…
La desinformación no es inocente: es una herramienta de poder que se utiliza para señalar, dividir y perpetuar desigualdades.
El 55% de los bulos y noticias falsas en medios digitales y redes sociales buscan criminalizar a la población migrante (Fuente: Ministerio de Inclusión y Seguridad Social1).
No es casualidad. Estos discursos construyen un enemigo ficticio: el “otro” que supuestamente viene a quitarnos lo que es “nuestro”. Se alimenta el miedo, la sospecha y el rechazo para justificar la exclusión. No son simples mentiras: son estrategias que refuerzan el racismo estructural y protegen privilegios.
La población LGTBIQ+ y las mujeres vinculadas al movimiento feminista también son blanco habitual de la desinformación (Fuente: Verifica RTVE2 y Maldita.es3). Se difunden relatos que cuestionan su dignidad, ridiculizan sus reivindicaciones y presentan la igualdad como una amenaza. Se intenta instalar la idea de que los derechos humanos son excesos, que la diversidad es peligrosa y que quienes defienden la justicia social son radicales a quienes hay que desacreditar.
Desde una mirada feminista sabemos que estas narrativas no surgen por azar. Son reacciones ante avances en derechos y libertades. Cuando las mujeres exigen igualdad, cuando las personas migrantes reclaman dignidad, cuando el colectivo LGTBIQ+ defiende su derecho a existir sin violencia, el sistema responde muchas veces con campañas de miedo y desinformación.
Pregúntate siempre: ¿a quién beneficia esta historia?, ¿a quién señala?, ¿a quién intenta silenciar? ¿Se dirige contra quienes concentran poder o contra quienes históricamente han sido marginados?
Contrasta la información. Consulta medios fiables. Cuestiona los mensajes que apelan al miedo y a la división. Defender la igualdad implica informarnos con rigor, no compartir sin verificar y no ser cómplices de discursos que perpetúan la desigualdad.
La igualdad no es una amenaza. Es un derecho. Y protegerla empieza por no dejar que la mentira hable más alto que la justicia.
3 https://maldita.es/feminismo/
- Frente a una justicia patriarcal…
El sistema judicial aún refleja estructuras patriarcales: muchas leyes han sido pensadas, interpretadas y aplicadas desde miradas que no han puesto en el centro la experiencia real de las mujeres ni las violencias que atraviesan sus vidas.
Con demasiada frecuencia, las normas que deberían protegerlas acaban convirtiéndose en espacios de exposición pública, juicios mediáticos y narrativas que justifican a los agresores mientras se cuestiona a quienes denuncian.
Esta falta de perspectiva de género no es un error aislado, sino una expresión de desigualdades profundas que siguen presentes en tribunales, protocolos y decisiones institucionales.
Por eso, desde una mirada activista, señalamos la urgencia de transformar la justicia desde dentro: formación feminista obligatoria, revisión de prácticas que revictimizan y mecanismos reales de protección y reparación.
Apostamos por redes de apoyo que acompañen los procesos de denuncia, por ocupar el espacio público con discursos que rompan el silencio y por exigir responsabilidades políticas e institucionales para que los derechos no dependan de prejuicios ni de interpretaciones sesgadas.
No se trata solo de reformar leyes, sino de cambiar la cultura jurídica y social que sostiene la impunidad.
La igualdad ante la ley debe dejar de ser una promesa vacía y convertirse en una práctica cotidiana construida desde la presión social, la conciencia feminista y la defensa activa de una justicia verdaderamente digna, accesible y libre de violencias.
- Ante los problemas de acceso a la vivienda…
El derecho a una vivienda digna y adecuada está recogido en el artículo 47 de la Constitución Española. Esto significa que las administraciones públicas tienen la responsabilidad de crear las condiciones necesarias para que todas las personas puedan acceder a una vivienda, evitando la especulación y poniendo el interés común por delante.
La vivienda no es solo un bien económico: es un espacio de seguridad, descanso y vida en comunidad. Tener un hogar estable permite cuidar la salud, mantener la privacidad y desarrollar un proyecto de vida. Cuando la vivienda falta o es inestable, otros derechos también se ven afectados, como el trabajo, la educación o la participación social.
El acceso a la vivienda también tiene una clara desigualdad de género. Muchas mujeres encuentran más dificultades por la precariedad laboral, la brecha salarial y la responsabilidad casi obligatoria de los cuidados. Los empleos más inestables, los sueldos más bajos y las jornadas parciales hacen más difícil pagar un alquiler o ahorrar para una vivienda.
Además, muchas mujeres sostienen tareas de cuidados no remuneradas que reducen su tiempo y sus oportunidades económicas, algo que se nota especialmente en familias monomarentales o en situaciones de dependencia económica.
A esto se suma una realidad preocupante: los desahucios y las subidas abusivas del alquiler afectan cada vez a más familias. La precarización, la presión de grandes propietarios y fondos de inversión, y el aumento constante de precios están expulsando a muchas personas de sus barrios y dificultando construir un futuro estable.
En Kódigo Malva defendemos que la vivienda debe ponerse en el centro de las políticas públicas desde una mirada social y feminista. Esto implica promover alquileres asequibles, proteger a quienes están en situación vulnerable y apostar por modelos de vivienda más cooperativos y pensados para las personas.
Hablar de vivienda digna es hablar de justicia social. Significa equilibrar el derecho a la propiedad con su función social, fortalecer las redes comunitarias y construir ciudades donde todas las personas puedan vivir con seguridad, estabilidad y dignidad.
- Frente a la turistificación…
A la mayoría nos afecta en mayor o menor medida según nuestra clase social, género o raza.
La turistificación está cambiando la forma en la que vemos y habitamos nuestras ciudades, pues favorece más la rentabilidad y el consumo que el bienestar de nuestras comunidades, algo que, en muchas ocasiones, lleva a que las personas con menos recursos se vean desplazadas, no solo por la falta de viviendas disponibles, sino también por los elevados precios de los alquileres que resultan imposibles de pagar.
Todo esto acaba reduciendo la presencia de comercios de cercanía, nuestras tiendas de siempre, lo que hace más difícil para las familias cubrir sus necesidades básicas.
Además, es como si la ciudad ya no perteneciera realmente a su gente; en este mundo al revés, a quienes viven en el lugar se les desplaza a las afueras y a quienes llegan de visita se les coloca en pleno centro.
El problema de la turistificación no son en sí las personas que vienen para disfrutar de nuestra cultura y todo lo bonito que podemos ofrecer, el problema está en el modelo de negocio, las plataformas, y la mercantilización de nuestro suelo que se prioriza solo para un uso turístico, y que nos está generando precariedad, desahucios y una falta de identidad que hace que nuestras ciudades estén perdiendo su esencia y convirtiendo en un parque temático o en una réplica del cualquier otra ciudad del mundo, mismos establecimientos, misma decoración, mismo mobiliario, mismo escenario exótico. Otro producto más de consumo.
Por otra parte, en un sistema capitalista y patriarcal, la turistificación representa una transformación profunda que agrava las desigualdades de género existentes. Las mujeres en general, y las ancianas, migrantes y madres solas en particular, tienen unos ingresos económicos más bajos y son muchas veces las primeras en tener que abandonar sus casas porque no pueden pagar los alquileres o mantenerse en medio de tan alto coste de vida en una zona que se gentrifica.
En el mundo laboral, en el sector del turismo, muchas mujeres ocupan las posiciones más precarias, como la limpieza de habitaciones o trabajos de hostelería de baja cualificación, como camareras, que ofrecen salarios casi de supervivencia, además de una alta temporalidad y poca protección social, como ya nos mostraron las “Kellys”.
Con la pérdida de redes vecinales, la economía del cuidado desaparece y, para muchas mujeres, la conciliación resulta imposible cuando no hay ninguna vecina que cuide a los “tuyos” mientras trabajas.
La comunidad y las vidas de sus gentes se desplazan y desaparecen. El derecho de las personas a habitar su propio lugar es un principio fundamental, una cuestión ética que debería estar alejada de las lógicas mercantiles que nos están asfixiando.
- Frente a la idea de país que intentan imponer desde el fascismo y la extrema derecha…
Nos preocupa “España” no desde el miedo ni desde la confrontación, sino desde el deseo profundo de cuidar lo que nos une.
Observamos con inquietud cómo la polarización y el odio intentan abrir grietas entre vecinos y vecinas, cómo se inocula el temor hacia quienes comparten nuestras calles, nuestras plazas y nuestra vida cotidiana. Frente a ese ruido, elegimos recordar que España siempre ha sido un espacio diverso, acogedor y solidario; una tierra que crece cuando se reconoce plural y que se fortalece cuando se cuida colectivamente.
Somos conscientes de la incertidumbre que atraviesa a muchas personas y del discurso derrotista que insiste en decirnos que no hay futuro común. Pero no creemos en salvapatrias ni en soluciones autoritarias: creemos en la fuerza colectiva, en los cuidados y en la igualdad. Porque es el feminismo, con su mirada transformadora y profundamente democrática, lo que nos salva y nos empuja a construir sociedades más justas y más libres.
Creemos en una comunidad que no se define por las fronteras del “nosotros contra ellos”, sino por la capacidad de mirarnos y reconocernos en nuestras diferencias. La seguridad que defendemos no nace de levantar muros, sino de tejer vínculos; no de señalar, sino de escuchar; no de excluir, sino de compartir. Reivindicamos el orgullo de representar valores inclusivos, conscientes de que la diversidad no es una amenaza, sino una riqueza que nos enseña, nos transforma y nos permite avanzar.
En nuestra idea de estado, de país y de nación caben todas las personas. Somos feministas, antifascistas y somos más: más quienes apostamos por la convivencia, por la justicia social y por una sociedad donde nadie quede fuera.
Nos reconocemos en esa España que aprende y comparte, que se ayuda en los momentos difíciles y que encuentra en la convivencia su mayor fortaleza. Porque, más allá de etiquetas o discursos, lo que verdaderamente nos define es la capacidad de reconocernos unos a otros como comunidad.
- Ante el empobrecimiento en la vejez…
El empobrecimiento de las personas mayores es una preocupación creciente debido a la combinación de pensiones insuficientes, trayectorias laborales precarias y la brecha de género, que afecta especialmente a muchas mujeres con carreras interrumpidas o trabajos de cuidados no remunerados.
El aumento del coste de la vida agrava esta desigualdad estructural, golpeando con más fuerza a quienes ya partían de una posición económica inferior. Así, la vejez para muchas mujeres no es descanso, sino inseguridad, dependencia y riesgo de aislamiento.
Desde una perspectiva feminista, no se trata solo de pensiones insuficientes, sino de un modelo social que nunca reconoció ni compensó el trabajo de cuidados. Garantizar una vejez digna exige políticas públicas con enfoque de género que reparen esa deuda histórica y aseguren autonomía económica real. Sin justicia económica para las mujeres mayores, no hay igualdad.
- Ante en detrimento de la Educación Pública…
El cierre de colegios públicos es una preocupación que va más allá de una decisión administrativa. Para muchas familias, la escuela pública garantiza no solo el acceso gratuito a la educación, sino también un espacio de contención, integración y desarrollo social.
Cuando estos centros cierran, aumenta el riesgo de desigualdad, ya que no todas las familias pueden asumir mayores costos o desplazamientos.
Además, el impacto no es neutro en términos de género. Las mujeres suelen asumir mayoritariamente las tareas de cuidado, por lo que el cierre de un colegio cercano puede implicar más carga doméstica, dificultades para conciliar trabajo y familia e incluso abandono laboral. Asimismo, niñas y adolescentes pueden verse más expuestas a interrupciones en su trayectoria educativa, especialmente en contextos vulnerables.
- Frente al deterioro de la Sanidad Pública…
Nos preocupa el deterioro de la sanidad pública, y desde un punto de vista feminista hay varios motivos específicos para ello.
Primero, porque las mujeres somos mayores usuarias del sistema sanitario público a lo largo de la vida: salud sexual y reproductiva, embarazo y parto, derecho al aborto, menopausia, mayor esperanza de vida y, por tanto, mayor presencia en edades avanzadas con enfermedades crónicas. Cuando se recorta, se precariza o se saturan los servicios, el impacto no es neutro: afecta de forma desproporcionada a las mujeres.
Segundo, porque los cuidados siguen recayendo mayoritariamente en nosotras. Cuando la sanidad pública se debilita (listas de espera largas, falta de atención domiciliaria, cierre de servicios), ese vacío lo absorben las familias, y dentro de ellas, sobre todo las mujeres. Esto incrementa la sobrecarga, la precariedad laboral y la desigualdad económica.
Tercero, respecto a los conciertos con la privada: desde una mirada feminista crítica, el problema no es solo que existan, sino cómo se gestionan y qué modelo consolidan. Si los conciertos suponen desviar recursos estructurales de la pública hacia empresas privadas, pueden contribuir a:
- Fragmentar la atención.
- Priorizar lo rentable frente a lo necesario.
- Generar desigualdades territoriales y socioeconómicas.
Además, la sanidad privada tiende a seleccionar procesos más rentables y menos complejos, dejando a la pública la atención más costosa y socialmente necesaria, lo que tensiona aún más el sistema público.
Desde el feminismo, la defensa de una sanidad pública, universal, accesible y de calidad se vincula directamente con la justicia social y la igualdad de género. No se trata solo de eficiencia económica, sino de derechos, redistribución del cuidado y garantía de acceso equitativo.
- Ante la invasión de países…
Sí, me importa que se invadan países. Me importa profundamente. Porque las guerras y las invasiones no son solo conflictos entre gobiernos: son tragedias que atraviesan cuerpos, hogares y vidas concretas, y afectan de manera desproporcionada a mujeres, niñas y poblaciones vulnerables.
Desde un punto de vista feminista, sabemos que la guerra tiene género. En las invasiones aumentan las violencias sexuales, la trata, los desplazamientos forzados y la precarización extrema de la vida.
Las mujeres sostienen la supervivencia cotidiana en contextos devastados mientras ven desmantelados los sistemas de salud, educación y cuidados. Lo hemos visto en conflictos recientes como la invasión de Ucrania por parte de Rusia, o en la ocupación y genocidio del pueblo Palestina por Israel: la población civil paga el precio más alto.
Defender la paz no es ingenuidad, es compromiso con el derecho internacional, con la soberanía de los pueblos y con la resolución diplomática de los conflictos. Las invasiones refuerzan lógicas imperialistas, militaristas y patriarcales donde la fuerza se impone sobre la vida. Y ese modelo de poder es el mismo que históricamente ha subordinado a las mujeres y a las mayorías sociales.
No se puede defender la justicia social dentro de las fronteras y mirar hacia otro lado cuando fuera se vulneran derechos humanos básicos. La solidaridad internacionalista forma parte del feminismo: creemos en un mundo donde la seguridad no se base en armas, sino en derechos, cooperación y cuidados.
Por eso sí, importa. Porque cada invasión es un retroceso en derechos, en democracia y en humanidad. Y porque aspiramos a un mundo donde ningún país, ningún pueblo y ninguna persona sea tratado como territorio conquistable.
- Ante un acceso desigual a la justicia…
El acceso a la justicia no es gratuito ni igual de eficaz para todas las personas. Las mujeres son las que soportan una mayor precariedad laboral, responsabilidades familiares, situaciones de migración y discapacidad, por lo que son las que mayores problemas de acceso a una justicia real e igualitaria.
Esto hace que la justicia se convierta en un privilegio económico, no un derecho, que provoca que muchas mujeres que necesitan representación legal para cambiar situaciones de violencia, abuso, reclamaciones de pensiones alimenticias, acoso laboral etc, no se atrevan a defender sus derechos o, en caso de solicitar justicia gratuita al Colegio de Abogados, no siempre encuentren una asistencia personalizada e implicada.
Desde una perspectiva feminista, que la justicia no sea gratuita no es un simple problema administrativo: es una forma estructural de desigualdad que afecta de manera desproporcionada a las mujeres y a otras identidades históricamente subordinadas. La gratuidad de una justicia eficaz y responsable no es un beneficio, sino una condición imprescindible para que exista igualdad real.
KÓDIGO MALVA 